La corrupción en la contratación pública se suele explicar como un problema estructural del tejido social o como un déficit de ética pública. Estas explicaciones no son incorrectas, pero son insuficientes: no nos dicen por que la corrupción persiste a pesar de décadas de reformas legales y sanciones cada vez más severas. Para entender verdaderamente el fenómeno –y diseñar respuestas que funcionen– es necesario acudir a las herramientas de la economía y del análisis económico del derecho, especialmente a dos conceptos: la asimetría de información y el problema de agencia.
La contratación pública como relación principal-agente
El problema de agencia se configura cuando quien ejecuta una tarea (el agente) tiene intereses que no están alineados con los de quien la encarga (el principal), y además dispone de información y poderes discrecionales que el principal no puede controlar fácilmente. En la contratación pública, esta estructura aparece en dos niveles simultáneos.
En el primer nivel, los ciudadanos-contribuyentes son los principales: son los dueños del Estado y quienes financian el gasto público. Sus agentes son los representantes políticos y los administradores públicos, elegidos o designados para gestionar esos recursos en nombre del colectivo. En el segundo nivel, esos mismos administradores actúan como principales frente a los contratistas privados que ejecutan los contratos. Cuando los intereses del administrador-agente divergen de los del ciudadano-principal –sea por ambición personal, captura política o simple desidia– el escenario está servido para el comportamiento oportunista.
El contratista como tercer actor: la captura del agente
Lo que distingue la corrupción en contratación pública de otros problemas de agencia es la presencia de un tercer actor: el proveedor contratista. Este actor tiene sus propios incentivos bien definidos: maximizar la probabilidad de obtener el contrato y minimizar el costo de conseguirlo. Bajo las reglas generales de la licitación pública, a mayor número de oferentes, menor probabilidad de ganar. Ante ese cálculo, el proveedor racional puede encontrar que “comprar” la adjudicación resulta más rentable que competir limpiamente, especialmente si la probabilidad de ser descubierto es baja en relación con el beneficio esperado.
El resultado es la captura del agente por el contratista: el administrador público que debería representar los intereses de los ciudadanos termina representando los intereses del proveedor. Esta captura no siempre requiere soborno explicito; puede manifestarse como información sesgada que el proveedor suministra al funcionario, como dependencia técnica que impide una evaluación independiente de las propuestas, o como relaciones de largo plazo que crean lealtades informales más fuertes que las obligaciones formales.
La asimetría de información como condicion estructural
Todo este mecanismo descansa sobre una condicion estructural: la asimetría de información. El proveedor conoce mejor que el Estado el valor real de lo que ofrece, los costos de producción, la calidad de los materiales y las condiciones del mercado. El administrador público, que carece de presiones de mercado para invertir en información –porque su organización no compite, no genera utilidades y su continuidad no depende de la eficiencia de sus compras– tiene escasos incentivos para reducir esa brecha informacional. Esta falta de inversión en información es al mismo tiempo causa y consecuencia de la corrupción: causa porque amplia el espacio de maniobra del proveedor oportunista; consecuencia porque el administrador capturado no tiene interés en conocer mejor el mercado.
Hacia un enfoque basado en incentivos, no en sanciones
La principal implicación de este análisis es que el enfoque sancionatorio –más leyes, más penas, más controles formales– no ataca el problema en su raíz. Las sanciones modifican el cálculo costo-beneficio del agente corrupto solo si la probabilidad de detección es suficientemente alta, lo que raramente ocurre en sistemas con baja capacidad de auditoría y supervisión.
La alternativa más prometedora es el fortalecimiento de la planificación estratégica de las compras públicas: invertir en reducir la asimetría de información antes de que el contrato se celebre, capacitar a los funcionarios para actuar como compradores inteligentes en el mercado, y diseñar estructuras contractuales con incentivos alineados entre el Estado y sus proveedores. Un Estado que sabe lo que necesita, conoce el mercado y puede evaluar de forma independiente las propuestas es un Estado mucho más difícil de capturar.
Reflexión final
La corrupción en la contratación pública no es un problema de malas personas: es un problema de malos incentivos y mala información. Comprenderlo así no exime de responsabilidad a quienes corrompen o son corrompidos, pero si nos orienta hacia las reformas que pueden tener impacto real: menos énfasis en el castigo ex post y más inversión en el diseño ex ante de compras públicas que minimicen las oportunidades de conducta oportunista.
Basado en: Safar Diaz, M. S. (2026). Asimetría de información y el problema de agencia en la contratación pública para entender la corrupción. Law & Economics: Contemporary Debates, 1(1). Universidad Externado de Colombia.
Articulo revisado con el software <<Language Tool>> https://languagetool.org/es, con la asistencia del equipo del Grupo de Investigación CONVERGENCIA (liderado por Miguel Ángel Vela Hugo, Mónica Sofia Safar Diaz, Tatiana Dangond Aguancha, Nicolas Silva Cueva, Ronald Thaler Toro Huilcapán).