El auge y caída de las criptomonedas no solo ha generado fortunas y pérdidas financieras, sino también una ola creciente de litigios que los tribunales estadounidenses han tenido que absorber con rapidez. Un estudio empírico de Pecharsky y Yahya titulado Crypto-Litigation: An Empirical Overview for 2020-present ofrece una radiografía detallada de este fenómeno, analizando casi 300 casos judiciales entre 2020 y mediados de 2022. Los hallazgos revelan como el derecho tradicional se adapta –o lucha por adaptarse– a los desafíos que plantea la economía digital descentralizada.
El volumen y la geografía del litigio cripto
Usando la plataforma Westlaw, los autores identificaron 299 casos distribuidos entre 2020 (92 casos), 2021 (117 casos) y los primeros meses de 2022 (90 casos). La tendencia ascendente es clara, y se espera que se acelere conforme los colapsos recientes de plataformas como Luna, Terra y Celsius Network generen nuevas oleadas de demandas.
Geográficamente, el 94% de los casos se tramito en tribunales federales, con el Distrito Sur de Nueva York liderando con 41 casos (14% del total), seguido por el Distrito Norte de California con 31 casos (10%). A nivel estatal, California concentro el 23% de los litigios y Nueva York el 18%, lo que refleja la densidad de actores tecnológicos y financieros en ambas jurisdicciones.
Las causas de acción más frecuentes
El estudio identifico 573 causas de acción distintas en los 299 casos analizados, lo que evidencia que muchos litigios son multidimensionales. El fraude encabeza la lista con 73 casos (13%), seguido de violaciones a la Securities Exchange Act con 42 casos (7%) y el incumplimiento de contrato con 40 casos (7%). Le siguen la conversión, la representación fraudulenta, la conspiración y el robo de moneda digital, cada uno en el rango del 4-5%.
Esta distribución no sorprende. La ausencia de regulación clara durante el periodo de expansión cripto creo un ambiente propicio para conductas fraudulentas. Casos como Lagemann v. Spence ilustran esquemas Ponzi clásicos en los que el demandado prometía retornos garantizados a través de redes sociales, sin que el vehículo de inversión estuviera registrado ante ninguna autoridad reguladora.
Regulación, fraude y el rol de la SEC
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha sido especialmente activa. En SEC v. Kik Interactive Inc. (492 F.Supp.3d 169, S.D.N.Y. 2020), la agencia demando exitosamente a una empresa de mensajería que vendió tokens digitales sin cumplir con los requisitos de registro de valores. El caso Ripple, aun en curso al momento del estudio, representa otro hito en la definición de que constituye un “valor” en el ecosistema cripto.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), por su parte, ha ejercido jurisdicción sobre criptomonedas clasificadas como commodities, generando tensión regulatoria sobre como categorizar estos activos. Como señalan los autores, “todavía no existe un punto de vista legal consolidado sobre como clasificar las criptomonedas”, lo que convierte cada nuevo litigio en una oportunidad de definición jurídica con alcance potencialmente sistémico.
Hacking, robo digital y vulnerabilidades tecnológicas
Un área de crecimiento notable es la relacionada con delitos informáticos. El estudio documenta casos de SIM swapping, donde hackers accedían a cuentas cripto mediante el secuestro del número de teléfono de la víctima, como ocurrió en Terpin v. AT&T Mobility, LLC (2020). Asimismo, proliferaron demandas bajo la Computer Fraud and Abuse Act por uso de programa maligno (malware) y acceso no autorizado a servidores para minar criptomonedas sin consentimiento del propietario.
Implicaciones para el futuro del derecho cripto
Los autores concluyen que los tribunales ya han construido una jurisprudencia considerable sobre fraude, valores no registrados y contratos en el ecosistema cripto. Sin embargo, identifican un área emergente casi sin precedente judicial: los Non-Fungible Tokens (NFTs). Solo uno de los 299 casos involucro directamente NFTs, lo que sugiere que esta será la próxima frontera litigiosa, con preguntas abiertas sobre propiedad intelectual, autenticidad digital y derechos contractuales.
Para abogados y reguladores en América Latina, donde la adopción cripto crece rápidamente, pero los marcos legales son todavía incipientes, este estudio ofrece una hoja de ruta valiosa. Las categorías de riesgo legal identificadas –fraude, incumplimiento contractual, violaciones a normativas de valores– son universales y ofrecen una base para anticipar los conflictos que emergerán en nuestros propios sistemas judiciales. Regular primero, litigar después: esa es la lección que el experimento estadounidense nos deja.
Basado en: Pecharsky, N., & Yahya, M. A. (2022). Crypto-Litigation: An Empirical Overview for 2020-present. SMU Science & Technology Law Review. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=4205930
Articulo revisado con el software <<Language Tool>> https://languagetool.org/es, con la asistencia del equipo del Grupo de Investigación CONVERGENCIA (liderado por Miguel Ángel Vela Hugo, Mónica Sofia Safar Diaz, Tatiana Dangond Aguancha, Nicolas Silva Cueva, Ronald Thaler Toro Huilcapan).