¿Cuántas veces hemos escuchado que “en Colombia hay una ley para todo, pero nada funciona”? La proliferación normativa no equivale a calidad regulatoria, y la expedición de una norma por si sola no garantiza el cambio social que se pretende producir. Este articulo revisa la política de mejora normativa en Colombia: de donde viene, que ha logrado y hacia donde debe ir.
El problema de fondo
Los países con tradición de derecho continental comparten una inclinación casi cultural hacia la codificación si existe un problema, la respuesta es crear una norma que lo resuelva. La cuestión es que cuando las normas se producen en exceso, sin diagnóstico previo ni evaluación de impacto, el resultado no es mayor orden sino mayor caos. La hiper-regulación genera sus propias barreras de acceso a bienes y servicios, desalienta el cumplimiento y termina siendo ineficiente precisamente en aquello que pretendía ordenar.
Que es la mejora normativa
La mejora normativa es una política pública orientada a garantizar que las intervenciones regulatorias del Estado sean necesarias, proporcionales, eficaces y eficientes. No se trata de regular menos, sino de regular mejor. Su instrumento central es el Análisis de Impacto Normativo (AIN): antes de regular, preguntarse si realmente existe un problema que requiere intervención estatal, cuáles son los costos y beneficios de las opciones disponibles, y como se evaluaran los resultados. Este proceso cambia la lógica de producción normativa: en lugar de partir de la solución (la norma), se parte del problema.
Colombia y la OCDE: el punto de inflexión
El punto de arranque formal es el Conpes 3816 de 2014, que introdujo el AIN como metodología para la producción normativa en Colombia, Este instrumento de política contiene cinco estrategias para su implementación: institucionalidad, capacitación, pilotos de nivel ejecutivo nacional, guías metodológicas y racionalización del inventario normativo. El proceso de adhesión a la OCDE, completado en 2020, anclo estos compromisos en un marco internacional verificable que le da continuidad a la política más allá de los cambios de gobierno.
Una década después: avances y limites
El DNP ha ejercido un liderazgo técnico reconocible. Ha desarrollado el ciclo regulatorio de siete etapas y además ha implementado instrumentos como el SUCOP (plataforma de consulta pública), lanzado el Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias –ya en su quinta edición– y promovido la simplificación de trámites mediante la Ley 2052 de 2020. Sin embargo, la brecha entre la mejora normativa como política declarada y como practica institucionalizada sigue siendo significativa. Falta anclaje legislativo: a diferencia de México, Colombia no tiene una ley de mejora regulatoria. El Congreso no está sujeto a los mismos estándares que el ejecutivo. La brecha digital limita la participación en herramientas como SUCOP, especialmente en zonas rurales donde el 40% de los hogares no tiene internet. Y la formación de funcionarios en el nivel territorial sigue siendo insuficiente.
La agenda pendiente
El nuevo Conpes de mejora normativa que prepara el DNP debería abordar al menos cinco frentes: anclar la política en el CPACA o en una ley específica; extender los estándares de análisis de impacto al Congreso; fortalecer la capacidad territorial con estrategias diferenciadas; diseñar un marco específico para la regulación digital, incluyendo sandbox regulatorios; e incorporar mecanismos anti-captura que aseguren que las voces menos organizadas tengan espacio efectivo en los procesos de consulta.
Reflexión final
La mejora normativa no es un fin en sí misma. Es un medio para alcanzar un Estado que sirva efectivamente a sus ciudadanos y que produzca normas que orienten los comportamientos hacia los fines que una sociedad democrática se propone. En una era de transformación digital acelerada, regular bien –no más ni menos, sino con rigor, evidencia y perspectiva ciudadana– es más urgente que nunca.
Este artículo fue preparado en el marco de las actividades de investigación desarrolladas en el Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y de ALACDE.
Artículo revisado con el software <<Language Tool>> https://languagetool.org/es, con la asistencia del equipo del Grupo de Investigación CONVERGENCIA (liderado por Miguel Ángel Vela Hugo, Mónica Sofía Safar Díaz, Tatiana Dangond Aguancha, Nicolás Silva Cueva, Ronald Thaler Toro Huilcapán).